Desde el 2022, se desata un complejo enfrentamiento legal que pone en jaque a JZ Internacional, un coloso del capital peligro estadounidense, gracias a las acciones de sus 2 gestores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una demanda presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de hacer una composición societaria destinada a conseguir el control en alrededor de veinte compañías utilizando indebidamente los elementos de Gedesco, de la que JZI posee un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la demanda son Miguel Rueda y Ole Groth, gestores de europa de JZI; Antonio Aynat, principal creador y CEO de Gedesco, al lado de su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, asimismo principal creador y administrador en Gedesco, y su familiar Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el responsable de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, al menos, 19 compañías, cometiendo supuestos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El origen de estas tensiones se remonta a 2007 Gedesco en el momento en que JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. Sin embargo, el enfrentamiento empieza a gestarse en 2016, instante en el que los creadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a cerrar una negociación formal. Desde ese momento, se manifiesta que se ha hecho un uso indebido de los elementos de Gedesco para identificar y capitalizar oportunidades de inversión por medio de una composición llamada 'Trama Stator', constituida por los 4 directivos denunciados y operada mediante una red de 12 filiales.
Esta composición pretendía ocultar la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su colega Ernesto Bernia, figurando como administradores nominales hasta que se desligan tras salir a la luz las irregularidades.
La detección de estas anomalías por parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una serie de solicitudes judiciales en 2022, incluyendo una querella en Novedosa York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales en contra del fondo, en un lapso de menos de dos meses.
Este ámbito legal sigue desarrollándose, con recientes resoluciones judiciales como la suspensión de las declaraciones de los fundadores de JZI por carecer de rastros delictivos, mientras se desvelan mucho más capas de un conflicto que subraya la dificultad de las operaciones financieras multinacionales y las disputas entre inversores y administradores en el campo del capital riesgo..